En España se tarda casi un año y medio en pagar los fármacos hospitalarios, pero el aborto es gratuito en las clínicas privadas
Seis Comunidades Autónomas tardan más de dos años en abonar los suministros de farmacia y otras cuatro pasan del año. La paradoja: en un país con baja natalidad hay ‘barra libre’ y gratuita para abortar hasta las 14 semanas mientras se castiga el tener hijos
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ForumLibertas.com
Si la reforma planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de cambiar el aborto de plazos por el de supuestos finalmente se aprueba, se habrá acabado con lo que era una anomalía más de España en el contexto europeo, una ley de aborto libre y gratuito incluso en clínicas privadas hasta las 14 semanas absolutamente irracional.
Pero, al mismo tiempo, cabe esperar que también se pueda acabar con otro absurdo fuera de toda lógica: mientras en España hay Comunidades Autónomas que tardan en pagar los suministros de farmacia hospitalaria incluso más de dos años, existe al mismo tiempo la figura del aborto pagado gratuitamente incluso a las clínicas abortistas privadas.
Con datos de Farmaindustria y del Padrón Municipal de Habitantes, hasta un total de seis CC.AA. tardan más de dos años en abonar los suministros de farmacia, y otras cuatro pasan del año. La media española del pago de la deuda de fármacos hospitalarios en el conjunto de las comunidades está en 525 días, casi un año y medio.
De hecho, según los datos a 31 de diciembre de Farmaindustria, la patronal del sector, cada español debe, de media, 135 euros en medicamentos hospitalarios. Ese es el resultado de la deuda de la farmacia hospitalaria, que no deja de crecer.
Las más morosas
Como se puede observar en el siguiente cuadro, reproducido a partir de los datos de Farmaindustria, cada ciudadano en Cantabria paga 305 euros por la deuda hospitalaria de la comunidad (180,9 millones de euros) y el retraso en el pago se alarga hasta los 804 días, frente a los 50 días que manda la ley.
En deuda por habitante le siguen la Comunidad Valenciana, 253 euros y 884 días de atraso; Castilla y León (224 euros y 816 días); Baleares (194 euros y 848 días); Castilla-La Mancha (193 euros y 742 días); y Andalucía (181 euros y 746 días), todas ellas por encima de los dos años de retraso en el pago.
La situación, según alerta Farmaindustria es "dramática" para los laboratorios e incluso "puede llegar a poner en riesgo el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad".
Por su parte, las regiones más cumplidoras -en cantidades y en tiempo- son Navarra, donde cada ciudadano adeudaría 22 euros; País Vasco, con 17; y Ceuta y Melilla, con una deuda de solo cinco euros por habitante. Sin embargo, solo las dos ciudades autónomas cumplen la normativa en plazos, ya que afrontan sus pagos en 28 días. Navarra y el País Vasco tardan 73 y 70, respectivamente.
La gran paradoja, aborto gratuito
Ante esta realidad, la gran paradoja se produce con la figura del aborto libre y gratuito que contempla la actual ley, un aborto pagado incluso a las clínicas abortistas de acuerdo con la información que estos centros hospitalarios facilitan sin ningún tipo de información justificativa ni verificación por parte de la Administración.
El aborto se mantiene así como un área privilegiada y de agravio comparativo con otras actuaciones hospitalarias en las clínicas privadas que en ningún caso están subvencionadas por los respectivos gobiernos central y autonómicos.
Otro contrasentido se produce con el hecho de que, ante la gravedad de la crisis, se han eliminado prestaciones por hijos mientras el aborto tiene ‘barra libre’ y gratuita en las clínicas privadas.
Es decir, se estimula económicamente el aborto y se castiga el tener hijos, cuando tendría que ser todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta la baja natalidad en España.
Además, cabe insistir en que las anomalías en la ley del aborto al subvencionar los abortos en clínicas privadas llegan al extremo de que generan unos gastos en las CC.AA. que se venobligadas a subvencionar sin partidas presupuestarias destinadas a tal efecto desde la Administración central.
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